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APS dispara el gasto corriente e incumple la Regla del Gasto durante 2017 en 300.000 €

04.08.2018

En el cierre de las cuentas de 2017 el Ayuntamiento de Sangüesa ha incumplido la Regla del Gasto que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Según los informes emitidos desde Intervención, corroborados por el Gobierno de Navarra, APS se ha pasado en unos 300.000 euros, por lo que para 2018 debe aplicar un Plan Financiero que pone un límite de gasto de 4,2 millones de euros. El Plan plantea dos medidas, fundamentalmente:

 

  • Un recorte en el borrador de presupuesto de APS de cerca de 800.000 euros.

  • Posibles subidas de tasas e impuestos para sufragar un gasto en personal que APS ha disparado de forma espectacular.

 

En caso de no cumplir con el Plan, en última instancia, Hacienda de Navarra podría intervenir las cuentas de Sangüesa. Lejos de la autocrítica, el alcalde ha llegado a decir en varias ocasiones que estaría dispuesto a aprobar un presupuesto que incumpla la ley. Esta actitud nos deja sin palabras.

 

La última decisión de APS ha sido trabajar este 2018 con los Presupuestos de 2017 prorrogados, lo que limita mucho y deja en el aire varios proyectos, y plantear posibles subidas de impuestos para 2019.

 

 

Origen del incumplimiento.

Los diferentes informes indican que el principal desajuste viene de la Residencia Municipal, del gasto corriente en personal. Una desastrosa situación económica que ya tarda APS en explicarnos a todos los sangüesinos.

 

En 2017 APS propuso subir las tasas de la Residencia hasta un 12% porque “es una ONG” (son palabras textuales del alcalde recogidas en acta). Lo que no dice es que la funcionarización de los trabajadores que realizó en 2015, en plena campaña electoral (a 24 horas de las votaciones), ha disparado el gasto en personal. Algo que ya alertaban dos informes desfavorables del Secretario y la Interventora municipales, que pedían un estudio económico previo que analizara cómo soportar el coste.

 

Pero APS no hizo caso a sus propios técnicos. No buscó el equilibrio entre las legítimas reivindicaciones de mejora salarial de los trabajadores y la capacidad económica de las arcas sangüesinas.

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